Capitulo 6: Programa de Gobierno

VI

SALUD PRIVADA PARA TODOS


Más de dos billones de pesos para salud de los pobres

Con los $2,14 billones (millones de millones) anuales actualmente destinados a la burocratizada salud pública, sería posible contratar un seguro de salud adecuado y de libre elección, en una institución privada, como el que tienen los que no son pobres, para cada una de las personas que cotizan en FONASA y sus respectivas cargas y a los indigentes.
Con los señalados billones se podría dar a cada cotizante de FONASA y sus cargas y a cada indigente un “vale de atención de salud”, que le permitiría contratar el seguro adecuado, antes referido, en la institución que elija, o lo habilitaría para requerir directamente atención en cualquier establecimiento hospitalario, clínica o consultorio particular.
Todos podrían, con ese “vale”, si lo quisieren, asegurarse en las ISAPRES que compiten hoy libremente, bajo la vigilancia de la respectiva Superintendencia.
A la vez, las clínicas, hospitales y consultorios que hoy son estatales deberían ser licitados al mejor postor, lo que permitiría recaudar una gran cantidad adicional de recursos, para garantizar todavía mejores planes para las personas de recursos medios o bajos. Y en manos privadas esos establecimientos funcionarían mejor.



Menos “filtraciones” y cero “paros de la salud”

De esta manera, desaparecerían las innumerables y cuantiosas filtraciones que se producen en el sistema público por: 1) exceso de burocracia, principalmente constituida por la clientela electoral de los partidos en el poder; 2) compadrazgo que procura “pegas para correligionarios”, 4) “asesorías” innecesarias y muy bien pagadas a caciques políticos del oficialismo, 5) compras superfluas (“sábanas chinas”) o a precios artificialmente abultados, como las hemos conocido en numerosas reparticiones públicas. El ahorro por todos esos conceptos conduciría también a un mejor financiamiento de la atención de salud propiamente tal.
Se pondría término, asimismo, a las periódicas y odiosas huelgas en la salud pública, derivadas del monopsonio estatal en la contratación y de la politización de los gremios.
Esas huelgas ilegales crean situaciones insostenibles y graves a los pacientes y generan desórdenes callejeros que interrumpen la normalidad ciudadana.
El Ministerio de Salud, debidamente disuelto, debería ser sucedido por una Superintendencia con funciones de vigilancia no obstructiva, para impedir cualquier abuso en contra de los beneficiarios de los “vales de atención de salud”.
En este momento rige en Chile una salud pública burocratizada e impropia de una sociedad libre, donde negocian extensos gremios que, mediante la presión política, la amenaza de paralización, tomando como rehenes a los enfermos, y, muchas veces, la violencia callejera que desatan los grupos extremistas armados que operan bajo el alero de los partidos revolucionarios a que pertenecen algunos de los dirigentes de la salud, ejercen una verdadera extorsión sobre la autoridad y de esa manera consiguen condiciones de trabajo por sobre las de mercado.
En cambio, una sana competencia entre centenares o miles de instituciones privadas, sometidas al juicio de usuarios dotados de la atribución de elegir dónde y con quién solucionarán sus problemas de salud, permitiría un salto cualitativo en este aspecto básico de la calidad de vida de los chilenos.