Capitulo 3: Programa de Gobierno

III

LOS POBRES NO PUEDEN ESPERAR


De partida, no tiene por qué haber pobres

Los pobres en Chile han sido definidos como las personas que cuentan con menos de $47.100 mensuales para satisfacer sus necesidades individuales.
Pero hoy día hay recursos públicos (Gasto Social) suficientes para impedir que en Chile haya siquiera una persona pobre. Pese a ello, las hay por millones (dos, según cifras oficiales, y más de cuatro, según especialistas independientes).
Esto acontece porque el Estado no administra bien el gasto social para combatir la pobreza.
En efecto, si dicho gasto del Gobierno, ascendente a unos treinta mil millones de dólares anuales, se entregara directamente a los pobres, no habría pobres. En otros términos, si a éstos se les asignara directamente el dinero, el que menos recibiría tendría un ingreso personal muy superior a los $47.100 mensuales que definen la línea de la pobreza.
Un economista calificado, decano universitario, ha calculado que, si se excluyera del Gasto Social al diez por ciento más rico de la población, dándoselo al resto en una escala graduada según el ingreso de las personas, las que menos recibirían podrían contar con mil 600 dólares anuales ($76.000 mensuales), es decir, con casi un sesenta y dos por ciento más que el ingreso determinante de la línea de la pobreza.
¿Por qué el actual Gasto Social no consigue lo anterior?
Porque está administrado por la oligarquía partidista, en favor de la cual se filtra buena parte en forma de empleos innecesarios (“clientela electoral”), altas remuneraciones para parientes y favoritos del régimen (“cuoteo político”), asesorías innecesarias y honorarios injustificados (“informes” inexistentes o prescindibles), y otras corruptelas.
Toda esa filtración va a mejorar los ingresos de personas con influencia política, que no son pobres, y favorece a una frondosa burocracia, a ONGs y entes “políticamente correctos”, cuyos responsables tampoco son pobres, y que defienden nacional e internacionalmente el poder político oligárquico.
El dinero del Gasto Social debe ir directamente a la gente que más lo necesita, los pobres.

Menos y no más burocracia

De esa manera, sin crear un nuevo “Ministerio de la Pobreza” o uno “de Desarrollo Social”, que sólo acentuarían el problema burocrático, el pago directo por Tesorería a los pobres podría rápidamente sacar de la condición de carencia a los chilenos que estuvieran sufriéndola. Incluso se podría mejorar la situación de todas las personas, con la única salvedad del diez por ciento de mayores ingresos de la población, que no necesita de ese apoyo.
Por añadidura, si se privatizaran las empresas y servicios estatales o en que el Estado tiene injerencia o participación (las empresas estatales son más de un centenar, y cuarenta de ellas pertenecen al área productiva), se contaría con un capital adicional para distribuir entre las familias chilenas, en proporción inversa a sus ingresos.
Cada familia chilena podría contar con un capital de respaldo, invertido en activos que le podrían dar una rentabilidad adicional.
La intervención estatal y burocrática en la producción resulta catastrófica. Sólo para referirse al tiempo reciente, un distinguido economista ha calculado que si el Estado no hubiera sufrido las pérdidas millonarias que ha tenido en los años recientes sólo en el Transantiago, en la Empresa de Ferrocarriles del Estado y en la Empresa Nacional del Petróleo, habría podido entregarle a cada uno de los hogares del 40 por ciento más pobre de la población la suma de un millón seiscientos mil pesos por una vez, para pagar sus deudas o suplir sus necesidades más premiosas.
Otro conocido especialista ha calculado que la aprobación de la ley de Subcontratación, a favor de las clientelas políticas de los partidos de la Concertación y de extrema izquierda, significó para CODELCO perder entre el diez y el quince por ciento de su valor como empresa.
La oligarquía partidista ha derrochado o malversado recursos que deberían haber sido para todos los chilenos, en particular para los pobres.

La verdadera reforma del Estado

Ya hace más de diez años un estudio de un importante grupo empresarial (CB Programación y Estudios: “El Estado Como Empresa de Servicios. Una proposición de reforma del Estado”), probó que si tal reforma llevara al Estado a desprenderse, mediante licitación, de sus empresas y servicios, permitiría entregar directamente a la población, en dinero, los recursos para financiar, a través de su libre elección, la educación parvularia, básica y media de todos los niños; para cubrir un plan básico de salud para todos, en establecimientos privados, e incluso cubrir las finalidades estatales de justicia y defensa y las tareas administrativas que demandaría el Estado ya reducido.
Y eso tendría un enorme impacto favorable en la igualdad entre los chilenos, pues la redistribución del ingreso monetario a favor de los más necesitados, a que lo anterior daría lugar, reduciría la diferencia entre el diez por ciento más rico y el diez por ciento más pobre, entonces de 28 veces, a 14 veces.
Tal propuesta permitiría disminuir en el 10 por ciento del PIB la carga tributaria sobre personas y empresas, generando un impacto reactivador de la producción y del empleo y mejorando los niveles de ahorro.
La pobreza en Chile existe porque los políticos y su clientela han terminado quedándose con parte de la plata que serviría para eliminarla. La desigualdad ha sido acentuada por la existencia de esa oligarquía político-partidista, que se ha enseñoreado del Estado.
La plata está y la mayor igualdad es posible. Es cuestión de eliminar las vías por las cuales ese dinero se filtra hacia bolsillos que no son los de los pobres.

Supresión de ministerios y eficiencia

Parte de la reforma del Estado debe consistir en la supresión de ministerios superfluos, que se han ido creando para dar satisfacción a los anhelos de figuración y cargos públicos rentados de caciques supernumerarios de la oligarquía política. No sólo deben desaparecer los ministerios ostensiblemente artificiales, como los destinados a ejercer secretarías o vocerías de los gobernantes, como si éstos no tuvieran ya suficientes secretarias o carecieran de capacidad de expresión propia. También deben desaparecer los ministerios que interfieren indebidamente en funciones productoras cumplidas apropiadamente por particulares.
Las funciones de supervisión del sector público sobre el privado de las cuales no pueda prescindirse, serán ejercidas a través de Superintendencias, integradas no por “cuoteo político”, sino por funcionarios que hayan ganado los concursos a los que se llame en cumplimiento de las normas sobre Alta Dirección Pública.
Habrá, en particular, una Superintendencia de Probidad y Desburocratización, cuya misión consistirá en cooperar con los ciudadanos a destrabar cualquier emprendimiento productivo de ellos, que se encuentre detenido por algún impedimento burocrático. En particular, esta nueva Superintendencia deberá actuar cuando las demoras y obstrucciones sugieran el propósito de obtener prestaciones indebidas (“coimas”) a que suelen prestarse las facultades discrecionales de determinados funcionarios encargados de dar autorizaciones y permisos en todo nivel.
La Superintendencia de Probidad y Desburocratización ejercerá como verdadero “ombudsman” para remover obstáculos y destrabar proyectos detenidos por las ineficiencias o contradicciones que todavía subsistan en el sector público reducido tras la reforma del Estado.