Program de Gobierno Intro

Hermógenes Pérez de Arce

PROGRAMA DE GOBIERNO
(EL VERDADERO CAMBIO)

Editorial Maye


EL VERDADERO CAMBIO

No soy candidato ni quiero serlo, pero deseo presentar un conjunto de propuestas para el verdadero cambio que el país necesita.
Los chilenos, como promedio, estamos mejor que nunca en el pasado.
Pero hay compatriotas viviendo todavía en la pobreza. Son entre el 14 y el 29 por ciento, según la canasta de consumos que se utilice para medirla.
Hay también una mayoría insatisfecha con la educación y la salud públicas, que progresan poco, pese a la creciente cantidad de fondos que les destina el Estado.
También preocupan el aumento de la delincuencia, el deterioro de la familia y el debilitamiento de la unidad nacional, a raíz de amenazas separatistas indígenas.
Pues bien, este Programa de Gobierno sostiene que, sin mayores recursos públicos que los actuales, esos problemas pueden tener solución.
Para alcanzarla es preciso que el poder de administrar los recursos del Estado vuelva a sus titulares originarios, que somos todos y cada uno de los chilenos.
Hoy lo maneja una verdadera oligarquía partidista, blindada por un sistema electoral hecho a su medida, que la mantiene en el poder.
El primer cambio, entonces, debe ser abrir el régimen electoral a una verdadera competencia democrática, permitiendo a cualquier ciudadano desafiar el monopolio partidista.
Cuando mande la gente, y no los partidos, ella va a preferir que los billones de pesos destinados al llamado “gasto social” sean entregados directamente a los pobres, en lugar de que lo capture una burocracia, dentro de la cual ese gasto se diluye, en buena parte, en el pago de oficinas de lujo, automóviles con chofer, viajes al exterior, asesorías innecesarias, publicidad ostentosa, compras exageradas, contratación de parientes y correligionarios e informes caros y superfluos, encargados a caciques influyentes de cada partido de gobierno para mejorarles las rentas.
Si el “gasto social” lo recibieran directamente los pobres, no habría pobres. Esto es muy fácil de probar.
Lo mismo en el caso de la educación. Si prevaleciera la voluntad de la gente, los billones de pesos que van a un ministerio burocrático para financiar la educación pública irían directamente a los padres, mediante “vales educacionales”, dejándolos en condiciones de pagar una buena enseñanza particular a cada hijo, en el colegio o institución que elijan.
Y en la salud, la gente preferiría recibir directamente “vales de atención de salud” financiados con los fondos públicos destinados a ésta, en lugar de que sigan siendo, como hoy, capturados por una burocracia insaciable, politizada e indisciplinada. Esos fondos permitirían a cualquier persona modesta adquirir un seguro de salud como el que hoy tienen sólo los grupos de altos ingresos, y atenderse donde prefiera.
Si mandara la gente, los delincuentes dejarían de seguir impunes, como han ido quedando bajo el dominio del partidismo, y se les aplicaría mano dura.
Y el sentido común de la gente reconocerá que deben volver a fortalecerse la familia y el matrimonio, que están en vías de desaparecer.
En fin, ante la amenaza del separatismo indígena deben hacerse efectivos los preceptos constitucionales según los cuales “el Estado chileno es unitario” y acá “no hay raza ni grupo privilegiados”.
Esos son algunos de los verdaderos cambios que Chile necesita. Junto con otros, contenidos en el Programa de Gobierno que se presenta a continuación, harían a nuestra Patria más libre, más próspera, más unida y más democrática.

Capitulo 1: Programa de Gobierno

I

DEMOCRACIA DE PERSONAS LIBRES


El gobierno de uno mismo

La democracia es el gobierno del pueblo. El primer requisito para que lo haya es, desde luego, que cada integrante del pueblo pueda gobernarse a sí mismo. Si cada cual no tiene siquiera libertad para eso, en el país no puede haber gobierno del pueblo ni democracia verdadera.
Ella existe en la medida en que más decisiones individuales prevalezcan sobre las que otras personas puedan pretender imponerle a cada miembro del pueblo. Por eso, es más democrático un país en que todos y cada uno de sus habitantes obtiene lo que quiere, que otro donde el 51 por ciento obtiene lo que quiere, pero lo impone sobre el 49 por ciento restante, que desea otra cosa.
Mientras más decisiones se tomen en un contexto individual, en lugar de tener que someterlas a las de otros, más democrático será ese contexto. Mientras más grande es el Estado, menos decisiones se adoptan en un contexto individual.

Decisiones personales y decisiones políticas

El mundo en que las decisiones de cada cual son respetadas es el que está regido por la voluntad de todos, actuando según sus preferencias. Por ejemplo, en él cada individuo puede elegir el color de su ropa, aunque la mayoría, e incluso 99,9 por ciento, difiera de él y prefiera otro.
Pero hay ciertas definiciones colectivas que exigen sobrepasar el fuero individual y someter a uno o muchos individuos a un predicamento mayoritario. Esas son las decisiones políticas. En democracia, las adopta la mayoría, pero ellas representan una limitación a esa democracia, porque privan a un número grande o pequeño de personas de ejercer su preferencia individual.
Por ser limitativas de la libertad de algunos o muchos, las decisiones políticas deben constreñirse a lo indispensable y cumplir requisitos que las hagan efectivamente representativas de lo que la mayoría quiere.
En nuestra democracia ha aumentado excesivamente el campo de las decisiones políticas, en perjuicio de la libertad de elección individual. Eso debe cambiar.
El mayor número de decisiones posible debe volver al campo de la libre elección individual.

Fin a la oligarquía partidista

En el caso de las medidas de orden político, el sistema que las rige debería garantizar, en la mejor forma posible, un marco que garantice la libertad para participar y competir en él, respetándose la igualdad de oportunidades para elegir y ser elegido y proveyendo a que el veredicto adoptado corresponda al sentir de una mayoría efectiva.
Nuestro actual sistema político-electoral no cumple con las exigencias descritas. En efecto, si bien la Constitución dice que los partidos políticos “no podrán tener el monopolio de la participación ciudadana ni gozar de privilegio alguno”, la legislación electoral les ha conferido tales privilegios que, de hecho, ha consagrado un oligopolio político. Éste sólo de manera muy excepcional ha podido ser desafiado con éxito por ciudadanos independientes que optan a cargos de elección popular.
¿Por qué ocurre ello, si la propia Constitución garantiza la plena igualdad entre los independientes y los partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en la participación en los procesos electorales?
Ocurre porque la legislación electoral confiere privilegios en ambos sentidos a los partidos. Así, ellos no deben presentar firmas para presentar candidaturas, como deben hacerlo los independientes; y también ellos tienen mejores posibilidades de hacer elegir a sus postulantes, pues los votos de uno (en el caso parlamentario) o de varios (en el municipal), son aprovechados por el otro o los otros, respectivamente, en desmedro de los candidatos independientes, que no gozan de esta posibilidad de aprovechar los votos ajenos y, por eso, en la casi totalidad de los casos, no resultan electos.

Proposiciones concretas

Para superar estos vicios de una legislación inconstitucional y perfeccionar nuestra democracia, debe modificarse la legislación electoral en los siguientes sentidos:
Primero, a la presentación de candidaturas independientes no se le debe exigir más requisitos que a las de partidos políticos. Si estos últimos pueden inscribir candidaturas sin necesidad de un respaldo de firmas, los independientes también deben poder hacerlo.
No es razón para eliminar esa exigencia, en el caso de los partidos, el hecho de que ellos, para constituirse como tales, ya hayan debido hacer un aporte de firmas respaldando su constitución. Esas firmas estaban destinadas a una finalidad específica: la de existir como colectividades. No pueden ser utilizadas para otro propósito, como lo es el de presentar candidaturas.
Por consiguiente, tanto las de partidos como las independientes deberán cumplir las mismas exigencias.
Segundo, en el recuento de los votos, éstos sólo beneficiarán al titular de ellos y, por tanto, serán elegidos los candidatos que tengan el mayor número de sufragios personales, hasta completar el número de cargos por elegir.
Debe derogarse toda disposición conducente a que los candidatos de un partido o pacto puedan beneficiarse de la votación de otros candidatos del mismo partido o pacto.
Estas normas permitirán volver al respeto de la Constitución, en cuanto ella garantiza la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos; y en cuanto prohíbe que éstos tengan privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana.
Al mismo tiempo, el oligopolio partidista actual, que, de hecho, controla los tres Poderes Públicos, se verá desafiado por una sana competencia de personas o de otros partidos que no deberán enfrentar las actuales barreras a la entrada, que inconstitucionalmente ha levantado la actual legislación, consagrando tal oligopolio.
En consecuencia, en Chile sólo deben ser elegidas a cargos de elección popular las personas que obtengan más votos.

Capitulo 2: Programa de Gobierno

II

RECONSTITUCIÓN SOCIAL Y NACIONAL


Fortalecimiento de la familia

Como dice la Constitución, “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. Familia es el conjunto de personas unidas por el parentesco y nacidas del matrimonio estable de un hombre con una mujer.
En el hogar así constituido se forjan hábitos y valores que sirven para educar bien a los hijos y habilitarlos, a su vez, para fundar nuevas familias, capaces de transmitir esos hábitos y valores. Así se van consolidando las mejores tradiciones de una nación.
En el Chile de las últimas décadas se ha registrado un proceso de deterioro y extinción de la familia sólidamente constituida. Cifras recientes indican que el 65 por ciento de los chilenos, cada año, nace fuera del matrimonio, es decir, carece de un hogar bien conformado. Hace tres décadas esa cifra no pasaba del 16 por ciento.
La progresiva extinción del hogar acogedor y sólido va en perjuicio de la formación de los niños, que quedan entregados muchas veces al libertinaje callejero, a la falta de buenos ejemplos y al riesgo de caer en la drogadicción, la delincuencia y las conductas disolventes o inmorales.
Es preciso, por ello, fortalecer la familia sólida y basada en hábitos y valores transmitidos por generaciones.
Cada vez más chilenos deben nacer en el seno de un hogar consolidado.
Cómo se fortalece el matrimonio

Para fortalecer el matrimonio deberían consagrarse incentivos de diversa índole, pero, en particular, económicos y tributarios, que premien a los hombres y mujeres unidos en matrimonios duraderos y en cuyo seno nazcan hijos sometidos a la potestad paterna y materna.
Esas uniones, las más deseables socialmente, son las verdaderas forjadoras del carácter, la moral, las buenas costumbres y el amor a la Patria en las nuevas generaciones.
Otras uniones, diferentes del matrimonio, son libres de acordarse entre las personas, pero no deben gozar ni de respaldo legal ni menos de incentivo alguno, porque no contribuyen a fortalecer la célula madre de la sociedad, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer unidos en un hogar estable.
El matrimonio normal y estable debe ser estimulado y protegido.

Fortalecimiento de la nacionalidad

La Constitución dice que en Chile las personas nacen libres e iguales ante la ley, que el Estado de Chile es unitario y que en nuestro territorio no hay persona ni grupo privilegiados. Estas normas se encontraban también en anteriores Constituciones chilenas.
Sin embargo, desde hace décadas y, en particular, en las dos últimas, se han ido dictando disposiciones legales y se ha adherido a tratados que contradicen los principios básicos de igualdad ante la ley y unidad nacional, hasta llegarse a establecer diferenciaciones étnicas lindantes con el racismo y normativas que discriminan a las personas de acuerdo con su origen.
De esta manera, se ha ido creando artificialmente lo que hoy se conoce como “el conflicto mapuche”, que no tiene razón de existir, porque todos los chilenos somos iguales, cualquiera sea nuestro origen étnico. Este conflicto artificial está impidiendo que en nuestro territorio convivan pacíficamente personas de las más diferentes razas, que se hallan hoy fundidas en una sola Patria.
Es preciso eliminar todas las disposiciones, ya sea que limiten la aptitud de las personas para disponer de sus bienes por una consideración racial, ya sea que les otorguen privilegios en razón de la misma.
Si no hubieran existido normativas que limitaron la capacidad de ciertas etnias para disponer libremente de sus tierras, no se habría mantenido confinados obligatoriamente a éstas, a contingentes de habitantes que, de otro modo, habrían vendido sus propiedades y emigrado a otras partes del país, fundiéndose con el resto de los chilenos y dejando, hace mucho tiempo, de ser un grupo segregado.
La propia ley fue la que indujo a que hubiera segregación, al convertir a muchos habitantes en verdaderos “siervos de la gleba” por su imposibilidad de enajenar las tierras de su dominio, como lo puede hacer cualquier otro chileno.

La pobreza se combate dentro de la unidad nacional

Si hay chilenos en situación de carencia, cualquiera sea su etnia, ellos deben tener derecho a los auxilios que el Estado les puede brindar, en las mismas condiciones que a cualquier otro chileno.
Veremos que los recursos públicos permiten asignar a todo chileno un ingreso mínimo que lo sitúe por sobre la línea de la pobreza. Y que también hay recursos suficientes para darle a todo chileno acceso, ejerciendo su derecho a una libre elección, a la educación de sus hijos y a la salud y la vivienda de la familia.
Los ingentes recursos destinados por recientes leyes a etnias indígenas, frecuentemente despilfarrados o malversados, deben pasar a estar a disposición de cualquier chileno o chilena, por el solo hecho de que viva en condición de pobreza, y sea o no él o ella perteneciente a etnias de las calificadas como indígenas.

Fin al terrorismo, por la razón o la fuerza

El Estado chileno debe proceder con la mayor energía a suprimir los focos revolucionarios que se han ido generando a raíz de las referidas leyes discriminatorias, las denominaciones separadas dadas a algunos chilenos según su raza y la injerencia internacional de grupos que, en todo el mundo, propician la revolución y el separatismo.
Debe destinarse una fuerza policial suficiente para erradicar con mano dura y de una manera completa y definitiva la violencia en las zonas indebida y artificialmente agitadas por los efectos de leyes erróneas e injerencias foráneas.
Debe hacerse prevalecer firmemente, en las regiones hoy afectadas por el terrorismo racista, nuestro estado de derecho.
Cuando realmente se hagan valer, por la razón o la fuerza, la igualdad ante la ley, la unidad nacional y la realidad de que no hay persona ni grupo privilegiados en Chile, se restablecerán la paz, la tranquilidad y la prosperidad de las zonas de nuestro territorio hoy convulsionadas y empobrecidas por la violencia.
Y debe suprimirse todo ente burocrático creado bajo el concepto de discriminación étnica. Con ello desaparecerán el derroche y las irregularidades a que han dado lugar las políticas indígenas.

Capitulo 3: Programa de Gobierno

III

LOS POBRES NO PUEDEN ESPERAR


De partida, no tiene por qué haber pobres

Los pobres en Chile han sido definidos como las personas que cuentan con menos de $47.100 mensuales para satisfacer sus necesidades individuales.
Pero hoy día hay recursos públicos (Gasto Social) suficientes para impedir que en Chile haya siquiera una persona pobre. Pese a ello, las hay por millones (dos, según cifras oficiales, y más de cuatro, según especialistas independientes).
Esto acontece porque el Estado no administra bien el gasto social para combatir la pobreza.
En efecto, si dicho gasto del Gobierno, ascendente a unos treinta mil millones de dólares anuales, se entregara directamente a los pobres, no habría pobres. En otros términos, si a éstos se les asignara directamente el dinero, el que menos recibiría tendría un ingreso personal muy superior a los $47.100 mensuales que definen la línea de la pobreza.
Un economista calificado, decano universitario, ha calculado que, si se excluyera del Gasto Social al diez por ciento más rico de la población, dándoselo al resto en una escala graduada según el ingreso de las personas, las que menos recibirían podrían contar con mil 600 dólares anuales ($76.000 mensuales), es decir, con casi un sesenta y dos por ciento más que el ingreso determinante de la línea de la pobreza.
¿Por qué el actual Gasto Social no consigue lo anterior?
Porque está administrado por la oligarquía partidista, en favor de la cual se filtra buena parte en forma de empleos innecesarios (“clientela electoral”), altas remuneraciones para parientes y favoritos del régimen (“cuoteo político”), asesorías innecesarias y honorarios injustificados (“informes” inexistentes o prescindibles), y otras corruptelas.
Toda esa filtración va a mejorar los ingresos de personas con influencia política, que no son pobres, y favorece a una frondosa burocracia, a ONGs y entes “políticamente correctos”, cuyos responsables tampoco son pobres, y que defienden nacional e internacionalmente el poder político oligárquico.
El dinero del Gasto Social debe ir directamente a la gente que más lo necesita, los pobres.

Menos y no más burocracia

De esa manera, sin crear un nuevo “Ministerio de la Pobreza” o uno “de Desarrollo Social”, que sólo acentuarían el problema burocrático, el pago directo por Tesorería a los pobres podría rápidamente sacar de la condición de carencia a los chilenos que estuvieran sufriéndola. Incluso se podría mejorar la situación de todas las personas, con la única salvedad del diez por ciento de mayores ingresos de la población, que no necesita de ese apoyo.
Por añadidura, si se privatizaran las empresas y servicios estatales o en que el Estado tiene injerencia o participación (las empresas estatales son más de un centenar, y cuarenta de ellas pertenecen al área productiva), se contaría con un capital adicional para distribuir entre las familias chilenas, en proporción inversa a sus ingresos.
Cada familia chilena podría contar con un capital de respaldo, invertido en activos que le podrían dar una rentabilidad adicional.
La intervención estatal y burocrática en la producción resulta catastrófica. Sólo para referirse al tiempo reciente, un distinguido economista ha calculado que si el Estado no hubiera sufrido las pérdidas millonarias que ha tenido en los años recientes sólo en el Transantiago, en la Empresa de Ferrocarriles del Estado y en la Empresa Nacional del Petróleo, habría podido entregarle a cada uno de los hogares del 40 por ciento más pobre de la población la suma de un millón seiscientos mil pesos por una vez, para pagar sus deudas o suplir sus necesidades más premiosas.
Otro conocido especialista ha calculado que la aprobación de la ley de Subcontratación, a favor de las clientelas políticas de los partidos de la Concertación y de extrema izquierda, significó para CODELCO perder entre el diez y el quince por ciento de su valor como empresa.
La oligarquía partidista ha derrochado o malversado recursos que deberían haber sido para todos los chilenos, en particular para los pobres.

La verdadera reforma del Estado

Ya hace más de diez años un estudio de un importante grupo empresarial (CB Programación y Estudios: “El Estado Como Empresa de Servicios. Una proposición de reforma del Estado”), probó que si tal reforma llevara al Estado a desprenderse, mediante licitación, de sus empresas y servicios, permitiría entregar directamente a la población, en dinero, los recursos para financiar, a través de su libre elección, la educación parvularia, básica y media de todos los niños; para cubrir un plan básico de salud para todos, en establecimientos privados, e incluso cubrir las finalidades estatales de justicia y defensa y las tareas administrativas que demandaría el Estado ya reducido.
Y eso tendría un enorme impacto favorable en la igualdad entre los chilenos, pues la redistribución del ingreso monetario a favor de los más necesitados, a que lo anterior daría lugar, reduciría la diferencia entre el diez por ciento más rico y el diez por ciento más pobre, entonces de 28 veces, a 14 veces.
Tal propuesta permitiría disminuir en el 10 por ciento del PIB la carga tributaria sobre personas y empresas, generando un impacto reactivador de la producción y del empleo y mejorando los niveles de ahorro.
La pobreza en Chile existe porque los políticos y su clientela han terminado quedándose con parte de la plata que serviría para eliminarla. La desigualdad ha sido acentuada por la existencia de esa oligarquía político-partidista, que se ha enseñoreado del Estado.
La plata está y la mayor igualdad es posible. Es cuestión de eliminar las vías por las cuales ese dinero se filtra hacia bolsillos que no son los de los pobres.

Supresión de ministerios y eficiencia

Parte de la reforma del Estado debe consistir en la supresión de ministerios superfluos, que se han ido creando para dar satisfacción a los anhelos de figuración y cargos públicos rentados de caciques supernumerarios de la oligarquía política. No sólo deben desaparecer los ministerios ostensiblemente artificiales, como los destinados a ejercer secretarías o vocerías de los gobernantes, como si éstos no tuvieran ya suficientes secretarias o carecieran de capacidad de expresión propia. También deben desaparecer los ministerios que interfieren indebidamente en funciones productoras cumplidas apropiadamente por particulares.
Las funciones de supervisión del sector público sobre el privado de las cuales no pueda prescindirse, serán ejercidas a través de Superintendencias, integradas no por “cuoteo político”, sino por funcionarios que hayan ganado los concursos a los que se llame en cumplimiento de las normas sobre Alta Dirección Pública.
Habrá, en particular, una Superintendencia de Probidad y Desburocratización, cuya misión consistirá en cooperar con los ciudadanos a destrabar cualquier emprendimiento productivo de ellos, que se encuentre detenido por algún impedimento burocrático. En particular, esta nueva Superintendencia deberá actuar cuando las demoras y obstrucciones sugieran el propósito de obtener prestaciones indebidas (“coimas”) a que suelen prestarse las facultades discrecionales de determinados funcionarios encargados de dar autorizaciones y permisos en todo nivel.
La Superintendencia de Probidad y Desburocratización ejercerá como verdadero “ombudsman” para remover obstáculos y destrabar proyectos detenidos por las ineficiencias o contradicciones que todavía subsistan en el sector público reducido tras la reforma del Estado.

Capitulo 4: Programa de Gobierno

IV

LIBERTAD PARA TRABAJAR


Debe hacerse efectiva la libertad de trabajo

La Constitución asegura a todos los habitantes la libertad de trabajo. Sin embargo, la legislación ha hecho tabla rasa de esa libertad, pues los chilenos pobres no pueden contratar libremente su trabajo con otra persona. Las normas que los han privado de esa libertad tienen, además, carácter irrenunciable, es decir, nadie puede liberarse de ellas, pese a ser contrarias a la voluntad personal y perjudicar a los más pobres.
Debe restablecerse la libertad de trabajo. Cualquier persona debe poder renunciar a las regulaciones que las normas laborales imponen. Cualquier persona debe ser libre de realizar un trabajo lícito en las condiciones que libremente pacte con otra.
Las normas que han privado a tantos chilenos de su capacidad de decisión personal han sido dictadas en nombre de una mayor igualdad, pero se han traducido en todo lo contrario, en un factor de desigualdad. Pues mientras los grupos de mayor ingreso, educación y calificación laboral gozan de pleno empleo (sus tasas de desocupación son de dos por ciento, es decir, la tercera parte o menos que las del promedio de la población), los grupos de menores ingresos, como los jóvenes con escasa educación, provenientes de hogares pobres de poblaciones marginales o campamentos, calificados de “indigentes”, sufren tasas de desempleo de 40,2 por ciento (CASEN 2006).
La legislación laboral demagógica de los últimos diecinueve años ha perjudicado a los más pobres y lo sigue haciendo cada vez más. En la encuesta CASEN 2003 la tasa de ocupados en los hogares más pobres era de 0,75 (es decir, menos de un ocupado por hogar), en tanto que en la encuesta CASEN 2006 ha bajado a 0,70, es decir, hay todavía menos ocupados por hogar que tres años antes, entre los más pobres.
La demagogia hace a los pobres todavía más pobres y acentúa la desigualdad económica. Con libertad de trabajo, el desempleo de los necesitados podría bajar hasta ser igual al de los más ricos: 2 por ciento, prácticamente pleno empleo.

Protección social

La protección social no debe cumplirse privando a los pobres de su libertad de trabajo, sino distribuyendo directamente entre ellos el Gasto Social, lo que por sí solo los sacaría de la pobreza, como antes se vio.
Si hubiera libertad de trabajo, las personas más pobres encontrarían empleo y serían menos pobres.
Al tener cada uno ocupación, desaparecería la pobreza extrema y disminuirían la delincuencia y la droga, pues estas dos últimas proliferan no sólo debido a la disolución de la familia, sino porque la juventud pobre no encuentra empleo.
En fin, habría una gran mejoría en la asignación de los recursos de la economía, porque más factores productivos estarían trabajando en sus usos más eficientes, determinados a partir de mercados más libres.
“Los pobres no pueden esperar”. Por tanto, desde ahora mismo hay que darles el derecho a trabajar.
Libre exploración y explotación energética

Otro aspecto de la falta de libertad de trabajo, y que tiene un enorme costo para el bienestar social, es el monopolio estatal para explorar y explotar algunas fuentes de energía. Debe consagrarse la más amplia libertad para la exploración y explotación de todas ellas.
En particular, y como consecuencia de la privatización de ENAP, deberá quedar consagrada la total libertad para explorar yacimientos de petróleo y gas natural en todo el territorio y la zona marítima de Chile. Una vez descubiertos, se podrán explotar sin otro requisito que la autorización de la Superintendencia de Energía, que deberá otorgarla o denegarla fundadamente.
Operará el silencio administrativo aprobatorio si, transcurrido un plazo prudencial, no ha habido un pronunciamiento de esa autoridad.
Las posibilidades de producción de energía de las más diversas fuentes, incluyendo la de origen nuclear, deben estar abiertas para toda persona natural o jurídica.

Capitulo 5: Programa de Gobierno

V

LIBERTAD PARA EDUCARSE Y EDUCAR


Educación particular pagada para todos

Los chilenos más pobres tienen menos oportunidades de trabajo no sólo debido a la legislación que los ha privado de su libertad laboral, sino también porque carecen de buena educación. Y, de hecho, la educación que recibe la mayoría de ellos es la estatal, hoy a cargo de las municipalidades, que, según todas las mediciones, es la peor.
En cambio, los chilenos más ricos tienen amplias oportunidades de trabajo porque reciben la mejor educación, la particular pagada.
Luego, es preciso que los chilenos pobres tengan derecho a la educación particular pagada.
Los recursos públicos para financiarla y proporcionársela existen.
Como la educación de los hijos debe ser una tarea entregada a la decisión de sus padres, no del Estado, lo primero que debe hacerse es suprimir ese enorme monstruo burocrático que es el Ministerio de Educación. Cada funcionario allí tiene un contrato y se debe poner término a ese contrato. Todos los que pierdan allí su trabajo encontrarán ocupación en la nueva educación privada, diversificada y competitiva, en sus colegios, escuelas y universidades.
El Estado, que hoy es el que enseña peor, no debe tener injerencia en la educación, porque es un ente ajeno al hogar y a los valores y características de éste. Las familias son las llamadas a elegir el establecimiento en que se van a educar sus hijos. Y para que puedan elegir uno que los satisfaga, existirá una oferta amplia y pluralista de establecimientos educacionales, partiendo de la plena libertad para crearlos y manejarlos.
Por tanto, todo particular debe tener derecho a fundar un establecimiento educacional.
Pero el Estado tiene una misión: la de garantizar a los padres de familia, cuando carezcan de recursos, la posibilidad de financiar una buena educación, elegida por ellos, para sus hijos.
El Estado hoy dilapida ingentes cantidades de dinero, casi tres billones de pesos (cada billón es un millón de millones) en educación, pero proporciona la de peor calidad, en comparación con la particular (gratuita subvencionada o pagada).
Si la enorme cantidad de dinero que el Estado cada año gasta a través del Ministerio de Educación, fuera entregada directamente a los padres de menores pobres, esas familias podrían recibir, por cada hijo, hasta cuatro veces más que el monto de la subvención actual a la educación particular gratuita, que, pese a su exigüidad, le permite a ella educar mejor que la pública municipalizada.
Eso sería suficiente para que toda familia, por pobre que fuera, pudiera enviar a cada hijo a un buen colegio particular pagado.
Todos deben poder ir a un colegio de ese nivel. Con los mismos recursos de que actualmente dispone el Estado, cada hogar chileno pobre debería recibir un “vale educacional” con el cual financiar la enseñanza de cada hijo en el colegio de su elección, y obtener mucho mejor educación para éste.

Escuelas y liceos fiscales deben licitarse

Al dejar el Estado su papel de educador, en el cual ha fracasado y derrochado, deberían licitarse todos los colegios municipalizados de la enseñanza estatal gratuita.
Los recursos obtenidos de esa licitación deberían ir a capitalizar el fondo para “vales educacionales” de las familias pobres. La liquidación del monstruo burocrático inútil y obsoleto llamado Ministerio de Educación debería aportar recursos adicionales al citado fondo.
Los adquirentes de los colegios licitados deberían tener la más amplia libertad para administrarlos, contratar profesores y fijar sus programas de enseñanza.
Todo el profesorado que hoy está organizado en un sindicalismo politizado, estimulado por la necesidad de enfrentar su empleador único, monopsonista, el Estado, encontraría trabajo en los miles de establecimientos de la nueva educación privada libre.
Desaparecido el monopsonio estatal, se terminarían la politización y el clientelismo político a que hoy está sometido el magisterio.
Cada profesor negociaría personal y libremente con su empleador. Se terminarían las perniciosas “huelgas del magisterio”.
La nueva educación particular pagada de los pobres no tendría por qué tener menores resultados que la educación particular pagada de los no-pobres, que, a su turno, son hoy los mejores del país y comparables a los de naciones desarrolladas.
“La revista inglesa The Economist ha destacado, en un número reciente, la notoria mejoría que se ha producido en Estados Unidos en las escuelas que han adoptado la libertad de los contenidos y la evaluación de los profesores y escuelas” (Javier Fuenzalida, “Estrategia”)..
La libertad para fundar colegios, la libertad de programas, la libertad de contratación de profesores y la libertad de elegir de los padres de familia, dotados de un “vale educacional” suficiente para cada hijo en edad de aprender, forjarían un sistema de enseñanza propio de una sociedad libre, que daría por resultado una población mejor preparada y, por consiguiente, un salto en la productividad de la economía chilena, en sus tasas de crecimiento y en el nivel de bienestar de su población.

Universidades para todos

El Estado tampoco tiene por qué ser dueño de universidades. Las que tiene se han transformado en un “hoyo negro” por el cual se filtran y desaparecen ingentes recursos fiscales. Ellas deben licitarse. Además, debe restablecerse en el hecho la plena libertad para fundarlas.
Todos los recursos estatales actualmente destinados a financiar universidades o estudios universitarios deberán refundirse en el “vale educacional” para las familias con hijos universitarios.
Pues, desaparecida la dictadura estatal de los programas escolares de estudio, instituida a través de los “contenidos mínimos” obligatorios (que no son mínimos, sino máximos) desaparecerá el monopolio estatal de la PSU, la mayor barrera contra la libertad de enseñanza, pues ella se basa en aquellos “contenidos mínimos”, y sin puntaje PSU no hay derecho a financiamiento universitario estatal.
Esto es lo que obliga hoy a todos los colegios a ceñirse a los programas estatales que, por añadidura, son generalmente disparatados.
Naturalmente, los “vales educacionales” para los distintos niveles de enseñanza son parte del Gasto Social que en el capítulo III se propone entregar directamente a los pobres.

Artes, cultura y deportes

Las artes, la cultura y los deportes tampoco tienen por qué estar en manos estatales, porque son actividades nacidas de la creación de particulares.
La proliferación de entes públicos para intervenir en ellas se ha prestado a toda suerte de corruptelas y escándalos. La oligarquía partidista los ha utilizado como hijuelas pagadoras de servicios electorales, “cuoteándolos” entre personas de su misma identidad política.
Por consiguiente, deben ser disueltas las señaladas entidades estatales, que gozan de millonarias asignaciones presupuestarias sin una justificación social apropiada y acreditada por una evaluación del respectivo proyecto.
Algunas de esas entidades han ocupado titulares a raíz de la extensión y magnitud de los desfalcos cometidos dentro de ellas.
Cuando se juzgue socialmente necesario y rentable hacer aportes para las artes, la cultura y los deportes, deberá llamarse a licitación abierta y pública a entes privados para que compitan por administrar y asignar a los mejores artistas, literatos, músicos o deportistas los subsidios que la comunidad juzgue necesarios para estimular su dedicación.
En las bases de las respectivas licitaciones se detallarán las metas o condiciones que deberán cumplir.
Los premios, estímulos y subsidios serán entregados directamente por la Tesorería General de la República a los señalados como mejores en el concurso abierto.

Fondos adicionales para arte, cultura y deporte

La enajenación en pública subasta, nacional e internacional, de estadios, teatros y establecimientos estatales de arte, cultura y deporte contemplará las condiciones que deberán cumplir quienes se los adjudiquen, para el efecto de administrarlos.
Los fondos provenientes de esas licitaciones irán a engrosar los estímulos que se entreguen, en públicos concursos o por el cumplimiento de metas, a los artistas, intelectuales y deportistas que merezcan ser premiados.
Asimismo, establecimientos estatales que pertenecen al patrimonio cultural del país y que son utilizados por la oligarquía partidista para su propio esparcimiento, como es el caso del Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, serán también licitados nacional e internacionalmente, con las cláusulas necesarias para garantizar su mantenimiento y su ocasional uso oficial, cuando sea preciso atender a visitantes extranjeros distinguidos o celebrar acontecimientos de carácter público.

Capitulo 6: Programa de Gobierno

VI

SALUD PRIVADA PARA TODOS


Más de dos billones de pesos para salud de los pobres

Con los $2,14 billones (millones de millones) anuales actualmente destinados a la burocratizada salud pública, sería posible contratar un seguro de salud adecuado y de libre elección, en una institución privada, como el que tienen los que no son pobres, para cada una de las personas que cotizan en FONASA y sus respectivas cargas y a los indigentes.
Con los señalados billones se podría dar a cada cotizante de FONASA y sus cargas y a cada indigente un “vale de atención de salud”, que le permitiría contratar el seguro adecuado, antes referido, en la institución que elija, o lo habilitaría para requerir directamente atención en cualquier establecimiento hospitalario, clínica o consultorio particular.
Todos podrían, con ese “vale”, si lo quisieren, asegurarse en las ISAPRES que compiten hoy libremente, bajo la vigilancia de la respectiva Superintendencia.
A la vez, las clínicas, hospitales y consultorios que hoy son estatales deberían ser licitados al mejor postor, lo que permitiría recaudar una gran cantidad adicional de recursos, para garantizar todavía mejores planes para las personas de recursos medios o bajos. Y en manos privadas esos establecimientos funcionarían mejor.



Menos “filtraciones” y cero “paros de la salud”

De esta manera, desaparecerían las innumerables y cuantiosas filtraciones que se producen en el sistema público por: 1) exceso de burocracia, principalmente constituida por la clientela electoral de los partidos en el poder; 2) compadrazgo que procura “pegas para correligionarios”, 4) “asesorías” innecesarias y muy bien pagadas a caciques políticos del oficialismo, 5) compras superfluas (“sábanas chinas”) o a precios artificialmente abultados, como las hemos conocido en numerosas reparticiones públicas. El ahorro por todos esos conceptos conduciría también a un mejor financiamiento de la atención de salud propiamente tal.
Se pondría término, asimismo, a las periódicas y odiosas huelgas en la salud pública, derivadas del monopsonio estatal en la contratación y de la politización de los gremios.
Esas huelgas ilegales crean situaciones insostenibles y graves a los pacientes y generan desórdenes callejeros que interrumpen la normalidad ciudadana.
El Ministerio de Salud, debidamente disuelto, debería ser sucedido por una Superintendencia con funciones de vigilancia no obstructiva, para impedir cualquier abuso en contra de los beneficiarios de los “vales de atención de salud”.
En este momento rige en Chile una salud pública burocratizada e impropia de una sociedad libre, donde negocian extensos gremios que, mediante la presión política, la amenaza de paralización, tomando como rehenes a los enfermos, y, muchas veces, la violencia callejera que desatan los grupos extremistas armados que operan bajo el alero de los partidos revolucionarios a que pertenecen algunos de los dirigentes de la salud, ejercen una verdadera extorsión sobre la autoridad y de esa manera consiguen condiciones de trabajo por sobre las de mercado.
En cambio, una sana competencia entre centenares o miles de instituciones privadas, sometidas al juicio de usuarios dotados de la atribución de elegir dónde y con quién solucionarán sus problemas de salud, permitiría un salto cualitativo en este aspecto básico de la calidad de vida de los chilenos.